Nuevamente una sentencia judicial crea alarma social, me refiero a la sentencia dictada por los tres magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla. Nuevamente el delincuente vence
a la víctima. Nuevamente vemos que la justicia en España, verdaderamente es ciega, como la famosa
estatua que la representa.
Después de un desarrollo más que irregular del proceso judicial por el asesinato de Marta del Castillo y digo irregular por la cantidad de pruebas que no se han admitido a trámite por el Tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla. Después de la parcialidad demostrada en la valoración de dichas pruebas, de las declaraciones de los acusados frente a la de los testigos aportados por la acusación, después de que cinco niñatos se rían de la sociedad española, de la policía y por supuesto de los tres
miembros del Tribunal que los ha juzgado, aparece en escena el CGPJ capitaneado por su Presidente y a la sazón presidente del Tribunal Supremo, según la Carta Magna, amenazando muy sutilmente a quien se atreva a criticar la honorabilidad del Tribunal, «la discrepancia y la crítica forman parte esencial de una sociedad democrática, pero éstas no pueden servir de cobertura para valoraciones peyorativas y comentarios que atentan contra la honorabilidad del Tribunal y de la Justicia española y que suponen una extralimitación del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales». Por no hablar de la valoración de un fiscal del Tribunal Supremo sobre la misma sentencia en un artículo en prensa, en el que dice que la sentencia está perfectamente argumentada, fundamentada y sujeta a derecho, faltaría más. La aberración de dos juicios paralelos, con sentencias diferentes, sobre la
misma investigación y asesinato. Que me lo explique el CGPJ.
Como ustedes ya habrán adivinado no soy jurista, pero sin embargo no entiendo como miembros, en principio honorables, del Tribunal Supremo, se atreven a valorar una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, sabiendo que el recurso de casación de los padres de Marta, se va hacer precisamente en el Tribunal Supremo. ¿Es correcto? ¿Se incurre en prevaricación al valorar una sentencia, sabiendo de antemano, que solo cabe recurso de casación, ante el propio Tribunal que ha emitido la valoración, por parte de algunos miembros de dicho Tribunal?¿Están amenazando estos “señores”, insinuando que el
recurso no tiene visos de prosperar? Como he dicho antes no soy jurista, pero si curioso, por lo que pido disculpas, si son erróneas mis suposiciones.
Tengan en cuenta que los miembros del Tribunal Supremo, aunque tienen que cumplir unos requisitos establecidos por ley, son elegidos a “dedo” por el poder político y no por elecciones democráticas por parte de todos los miembros de la Judicatura, si fuese así, el Poder Judicial sería completamente independiente del poder político y no asistiríamos a los escándalos que continuamente se producen, sobre todo en las decisiones que se toman para investigar y a quien se investiga. Al final volvemos a lo mismo “la
dedocracia”.
En otro orden de cosas y ciñéndonos a las investigaciones llevadas a cabo por el asesinato de Marta ¿Saben que el anterior Ministro del Interior, Sr. Rubalcaba, se negó a cambiar de Cuerpo de Seguridad, o sea, a la Policía Nacional por la Guardia Civil, a instancias de la familia? Y sin embargo en el caso de los hermanitos desaparecidos en Córdoba relevaron inmediatamente al comisario responsable de la investigación. (Era el mismo que llevó la investigación en el caso del asesinato de Marta). No quiero entrar en polémica ya que los dos Cuerpos de Seguridad me merecen un profundo respeto, pero es curioso. ¿Quizá el Sr. Rubalcaba, a
la sazón Ministro del Interior como he dicho antes, no quería otro fracaso?
Ahora los políticos prometen reformar la Ley del Menor para que en casos como este no se produzca
alarma social. Siempre después, siempre promesas.
¿Saben qué? Una asociación llamada Víctimas y Justicia, (G-19269653), presentó ante el Congreso y el Senado, un estudio bien estructurado y pormenorizado sobre la reforma de varios artículos del Código Penal, en la última reforma realizada por el Ejecutivo anterior y que insistía en el “Dolo”, o sea, engañar al Tribunal a sabiendas. Seguramente la sentencia dictada por la audiencia de Sevilla hubiese sido diferente.
El PSOE, IU y el PNV, no lo consideraron. El PP, CiU y UPyD, lo apoyaron. En la votación final el PP, en vez de votar en contra a la reforma propuesta por el PSOE y los partidos de izquierda, se abstuvo para que al ser una Ley Orgánica saliese aprobada. No proclamen ahora reformas legales, para tapar en lo que se ha convertido ya la convivencia en España. Sean honrados y en estos temas demuestren sentido común,
estamos sufriendo una profunda crisis económica, en gran parte debida a la falta de responsabilidad de la clase política, no intenten jugar con los españoles y cojan “el toro por los cuernos” en lo referencia a la reforma de la Justicia.
Hay que reformar nuevamente el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario, además de mejorar la Ley del Menor y la Ley de Violencia de Género. Estas dos últimas llevan pocos años aprobadas y son más factibles de mejorar, a raíz de lo que estamos comprobando en nuestra sociedad y no nos sintamos desprotegidos precisamente por la justicia y
a veces avergonzados de ser españoles por todo lo que está sucediendo tanto en corrupción política, en inseguridad ciudadana, España es el paraíso de las mafias, donde el delincuente tiene todos los derechos, sin embargo las víctimas, la gente honesta y respetuosa con la Ley se siente desprotegida ante tanto escándalo.
Soy Félix E. López Conde, mi hija Rocío fue asesinada en Valencia hace poco más de tres años. Tenía 25
años. Su ex-pareja Jairo Ortiz está cumpliendo condena de 20 años en Picassent (Valencia). En siete años podrá pasar al 3º grado, debido a los beneficios penitenciarios.
Voy a cumplir 61 años y he tenido que emigrar al extranjero para encontrar trabajo, el año pasado en Irán,
ya veremos este año 2012 y después de más de 35 años cotizados a la Seguridad Social. Duro ejemplo
¿Verdad?
Félix Emilio López Conde
